No hubo bocinas ni pancartas, pero el jueves en Bilbao se oyó ruido de fondo. No el de los motores de los camiones, sino el ruido del choque de posturas sobre “Inversión, financiación y modelos de gestión para la conservación de la red”, que era el título de la segunda mesa redonda de la jornada técnica “Conservación y optimización de las infraestructuras viarias” organizada por la Asociación Empresarial de Transportes de Bizkaia (Asetrabi) y la Diputación Foral de Bizkaia.
Representantes de la entidad foral y de los transportistas se sentaron en la misma mesa, aunque viajaban en carriles opuestos. El asunto: el pago por uso implantado desde 2023 en varias vías de alta capacidad del territorio. La Diputación defendió su postura con firmeza. Mantener una red viaria moderna, segura y competitiva cuesta dinero, y quien más la utiliza, más debe contribuir. No hay, por tanto, afán recaudatorio ni animadversión hacia nadie; es una cuestión de “equidad”. Bizkaia gestiona una red viaria de calidad y su conservación exige recursos estables. “El tiempo nos dará la razón en tres años”, afirmó categórico el representante foral.
Los transportistas, por su parte, respondieron con igual determinación. Consideran que este sistema no es otra cosa que un nuevo impuesto “discriminatorio” y alegan, con fundamento, que el suyo es un sector esencial, estratégico, vital para la economía nacional. Durante la pandemia demostraron ser el latido de un país confinado. Hoy se sienten injustamente señalados y fiscalmente acosados. Sostienen que ya pagan bastante: impuestos, carburantes, cotizaciones, peajes indirectos y, además, soportan una competencia feroz y unos márgenes cada vez más estrechos. Lo resumen con una frase que debería hacerse oír: no se puede sostener una economía abierta castigando al eslabón que la mantiene unida.
La Diputación Foral de Bizkaia tiene razones. Y los transportistas, también. Pero no basta con tener razón: hay que tener rumbo, diálogo y visión compartida
Entiendo a ambos. Como periodista logístico y como ciudadano residente en Bizkaia y usuario de la red viaria foral. La Diputación tiene la obligación de conservar la red y asegurar su sostenibilidad. No se puede exigir carreteras excelentes sin una adecuada financiación. Pero también entiendo la irritación del sector, que percibe este sistema como un castigo más a su ya débil rentabilidad. Un peaje más puede ser, para muchos, la gota que colme el depósito.
Ambas partes están, literalmente, cargadas de razones. Pero este debate necesita menos trincheras y más puentes. Falta pedagogía social: demasiada gente sigue viendo al transporte de mercancías como un incordio, sin entender que detrás de cada camión hay una cadena de suministro que sostiene la vida cotidiana. Sin camiones, no hay economía que funcione. Y sin un transporte eficiente, la competitividad de Bizkaia también se resiente.
Si el pago por uso ha llegado para quedarse, lo lógico y lo justo sería que lo recaudado se reinvirtiera en el propio sector: en aparcamientos seguros, incentivos fiscales, medidas que mejoren la eficiencia energética y la seguridad vial. Solo así esa “corresponsabilidad” tendría sentido. De lo contrario, se confirmaría la sospecha de que no es más que una operación recaudatoria disfrazada. Porque sí, la Diputación tiene razones. Y los transportistas, también. Pero no basta con tener razón: hay que tener rumbo, diálogo y visión compartida. Y si seguimos viendo este asunto como un pulso entre “los que pagan” y “los que cobran”, dentro de tres años, cuando el tiempo reparta razones, puede que la razón ya no le sirva a nadie. Y entonces, más que cargados de razones, estaremos cargados de problemas.
