El pasado 24 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que la ZAL Puerto de Valencia acogería la futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción.
Puede ser que para el más común de los mortales esto no signifique mucho. De hecho, y siendo totalmente sincero con ustedes, he de reconocer que, tras informar en Diario del Puerto de este anuncio, pensé que no era más que otro anuncio más de esos que a los gobernantes de todo signo político les gusta guardarse para cuando la ocasión lo requiera. Rebuild, la feria del sector de la construcción y la edificación, era en ese momento el mejor escenario para anunciar una de las medidas más importantes del Perte de Vivienda para la Construcción Industrializada que ha impulsada el Gobierno.
Esos anuncios, en el 99% de las ocasiones, suelen estar vacíos de contenido y, sobre todo, no tienen detrás la dotación presupuestaria que las pueda hacer realidad. Aunque sí es cierto que ese Perte cuenta con 1.300 millones de euros de presupuesto a desarrollar a lo largo de los próximos diez años, el anuncio de Pedro Sánchez tenía todos los mimbres de ser algo efímero.
Si despertó mi atención fue porque ese proyecto se levantará en las dos parcelas propiedad de SEPES en la ZAL Puerto de Valencia. Y la pregunta llegó sola. ¿La catalogación urbanística actual de esas parcelas podría acoger esa futura Ciudad de la Industrialización de la Construcción? Nadie mejor que la propia SEPES para disipar dudas. La respuesta de la sociedad pública fue clara: “sí”, y “supondrá un impulso económico para la zona”.
Para dar más empaque al anuncio, nada menos que dos ministras del Gobierno, Isabel Rodríguez y Diana Morant, se plantaron en la ZAL al día siguiente del anuncio de Pedro Sánchez para trasladar una idea: la intención del Gobierno de llevar adelante el proyecto.