Aunque no por esperada, la noticia del pasado viernes en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbaba buena parte de la política arancelaria de Donald Trump es menos relevante. A pesar del movimiento casi instantáneo del presidente norteamericano al establecer un arancel general del 10% -que al día siguiente subió a un 15%-, lo cierto es que la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos añade un poco más de incertidumbre al panorama económico mundial, y nos deja más interrogantes que certezas. Vaya por delante que las leyes norteamericanas permiten imponer aranceles de múltiples maneras, aunque hasta un cierto nivel, con restricciones y durante un período determinado y limitado de tiempo.
Una de las grandes incógnitas tras la decisión del Tribunal Supremo es saber si esos aranceles que ya han pasado a engrosar las arcas públicas de Estados Unidos serán devueltos. La resolución del Supremo no ahonda en este aspecto concreto ni en cómo debería ejecutarse. Estados Unidos ha recaudado entre 250.000 y 300.000 millones de dólares por sus aranceles. Muchos importadores unidos bajo el paraguas de la plataforma “We Pay The Tariffs” ya han mostrado su disposición a reclamar ese dinero, y de hacerlo de una manera ágil y libre de trámites burocráticos, aunque no parece que la Administración vaya a devolver motu propio esas cantidades. Suponiendo que hubiera otra resolución judicial que obligara al Gobierno a devolver ese capital, ¿qué impacto tendría para una economía como la de Estados Unidos, con una deuda y déficit públicos galopantes? De hecho, ¿podría la economía estadounidense hacer frente a esta situación? ¿Cómo influiría esto en la política económica de la Administración Trump?
¿Cómo queda ahora la posición de Estados Unidos en el tablero geopolítico internacional?
Vayamos un poco más allá. En su segundo mandato, Donald Trump ha utilizado los aranceles no sólo como recurso para aumentar la recaudación de su Gobierno, sino sobre todo como arma negociadora frente al resto de países con los que ha logrado beneficiosos acuerdos comerciales. Tras la decisión del Tribunal Supremo, ¿cuál es la validez de esos acuerdos? ¿Van a mantenerse? En algunos casos, ese arancel del 15% reduce las tasas impuestas por Trump en algunos mercados. ¿Impugnarán esos países los acuerdos rubricados, abriendo la puerta a un enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos? Muchos de esos acuerdos incluían inversiones por cientos de millones de euros en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esas inversiones y proyectos futuros? Y muy importante: ¿podrá seguir Donald Trump echando mano de los aranceles como un arma negociadora? ¿Cómo queda la posición de Estados Unidos en el tablero geopolítico internacional?
Sigamos avanzando: ¿cómo afectará esta decisión a la cadena logística? En principio, podría pensarse que como hasta ahora ya había aranceles, los eslabones de la cadena logística ya están adaptados a la situación y que, tras la resolución del Supremo, esas cadenas de valor podrán operar sin ningún tipo de ambigüedad. Sin embargo, hasta que todo se aclare de manera definitiva, podríamos volver al mismo escenario que surgió el pasado año tras la “tregua” en la que no se aplicaron los aranceles: retailers y cargadores aumentando su stock a la espera de que entren en vigor los nuevos aranceles o se aclare la política arancelaria estadounidense, lo que tensiona la cadena de suministro y obliga a las navieras que cubren la ruta transpacífica y de Asia-Europa a reorganizar sus recursos, lo que eleva los costes, incluyendo los fletes. Todo dependerá de lo que decidan aquellos países y mercados que negociaron de manera bilateral con Trump.
