La deforestación de las masas boscosas del planeta sigue imparable. Según la FAO, la UE es responsable del 10% de la deforestación mundial. Con el objetivo de reducir esta situación, el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2023 un nuevo reglamento contra la deforestación, que entró en vigor el 29 de junio de ese mismo año y cuyas disposiciones debían comenzar a aplicarse de manera obligatoria en diciembre de 2024. Sin embargo, dos meses antes, el propio PE decidió prorrogar un año la implementación de esas disposiciones. En septiembre de este año, y ante la reiterada petición de empresas y estados miembros, las instituciones europeas decidieron volver a aplazar esta entrada en vigor. Un mes y medio después se desdecían. ¿A qué se debió esta cambio tan repentino?
Antes de responder, no olvidemos que la normativa entró en vigor en el primer cuatrimestre de 2023, por lo que nadie puede argumentar desconocimiento y sorpresa. Es cierto que este reglamento es complejísimo y que requiere de una importante cantidad de recursos para cumplir con él debido a la profusa documentación y procedimientos a los que hay que atender. No obstante, esta realidad no puede servir de excusa para que, ahora, muchas de las empresas afectadas no hayan siquiera iniciado los procesos exigidos.
Vuelve a emerger el imprescindible rol de los agentes y representantes aduaneros
El cambio de opinión del pasado mes de octubre de las instituciones europeas no es baladí, y pone en evidencia el rol que la Comisión Europea ha jugado en este asunto. Hubo empresas que desde el momento en que esta normativa entró en vigor (reitero, 2023), comenzaron a tomárselo en serio. Formaron a su personal, invirtieron en nuevas herramientas tecnológicas y buscaron proveedores que cumplían los requisitos, sin olvidar todo el asesoramiento que necesitaron de expertos profesionales. La primera prórroga aprobada en 2024 recibió la compresión de todos, pero la segunda no gustó a estas empresas, puesto que abría la puerta a crear una situación de desventaja competitiva entre aquellos que sí habían hecho sus deberes (o que estaban en ello) y los que no. Ese lógico enfado -y sus consecuencias jurídicas- es lo que ha hecho rectificar a las instituciones europeas, que decidieron que las grandes y medianas empresas deben estar preparadas, sí o sí, el 31 de diciembre de este año, mientras que las pequeñas y las microempresas gozarán de un cierto margen adicional.
No podemos negar que el objetivo de este reglamento es loable, y busca detener el proceso de explotación que las zonas forestales de nuestro planeta están sufriendo como consecuencia de la acción humana. Sin embargo, como ya pasó con el ETS, Europa vuelve a pasarse de frenada y se erige como punta de lanza en un tema que afecta de manera global, sin tener en cuenta que no todos los países actuarán en consonancia y, sobre todo, sin estar preparada internamente para poder responder a todas las exigencias de esta nueva norma, ya que, que se sepa, la propia CE no ha puesto al día sus plataformas y herramientas con las que facilitar la actualización y tramitación de toda la documentación que la norma requiere. Una vez más, las instituciones europeas no han puesto al alcance de sus administrados las herramientas para que éstos puedan seguir las propias normas que Europa impone. Paradójico, ¿verdad?
En este contexto, vuelve a emerger el imprescindible rol que juegan los agentes y representantes aduaneros, que se erigen, una vez más, en socios y aliados de confianza para asegurar el éxito de las empresas importadoras y exportadoras en el comercio global de ciertas materias primas. Por enésima vez, el sector aduanero privado adelanta a la Administración.
