90.000 millones de dólares. Esto es lo que ha logrado recaudar la Administración Trump desde que el pasado mes de abril impusiera una oleada de aranceles a nivel global para todos los países que mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Y son estos 90.000 millones de dólares los que, después de haberlos recaudado, cabe la posibilidad que el Gobierno deba reembolsar a todas las empresas que han tenido que asumirlos para mantener esas relaciones comerciales.
En los últimos meses, una oleada de pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos se han agrupado bajo la plataforma “We Pay the Tariffs” para reclamar la devolución de esos aranceles. En este grupo de más de 800 empresas hay actividades para todos los gustos: jugueteras, importadores de bebidas alcohólicas, empresas creadoras de software, distribuidoras de alimentación, restauración, confección y venta de ropa... Ahora, la mayor cadena de supermercados del país, Costco, ha decidido seguir este camino y ya ha demandado al Gobierno del país para reclamar la devolución de esas tarifas. Hace meses que el Tribunal Supremo tiene que decidir si la herramienta elegida por Trump para imponer esos aranceles, una Ley de Poderes de Emergencia de 1977, se ajusta a la ley o no. El sistema legal de Estados Unidos hace que aquellas empresas que han presentado esas reclamaciones tengan más fácil lograr esa devolución. De ahí que el número de empresas denunciantes no haga sino crecer, y de ahí que las grandes corporaciones estadounidenses hayan decidido dar el paso.
Los retailers de Estados Unidos han visto en la manera elegida por Trump para imponer esos aranceles la grieta por la que reclamar su devolución
Los retailers de Estados Unidos han visto en la manera elegida por el presidente de Estados Unidos para imponer esos aranceles la grieta por la que reclamar la devolución de estos. Si lo piensan bien, la situación no está carente de una cierta ironía. Donald Trump llegó a su segundo mandato como presidente de Estados Unidos concibiendo las relaciones internacionales y comerciales como una guerra total contra el resto del mundo. Tiene su lógica, por tanto, que para imponer una medida tan agresiva como lo es la implementación global de aranceles y, sobre todo, hacerlo de una manera tan rápida y contundente, se valga de una ley de poderes de emergencia de 1977, una ley pensada para tiempos de guerra. El hecho de que el Tribunal Supremo haya admitido esa denuncia no ha gustado nada a Trump, ya que buena parte de sus jueces fueron designados por el propio presidente de Estados Unidos. Y es que algunos de esos magistrados han mostrado sus dudas acerca de la justificación legal de la medida. Muchos analistas del país aventuran que ese Tribunal Supremo tan afín a Trump será el encargado de crear al presidente uno de sus mayores quebraderos de cabeza de su actual mandato. ¿Ven la ironía?
Ahora, la cuestión es saber cuándo se pronunciará el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal se toma su tiempo en casos de una enjundia similar, pero en una situación como la actual, donde hay tanto dinero en juego, no les extrañe que la respuesta llegue antes de lo previsto. En un momento en que Estados Unidos comenzaba a enjugar la deuda de su balanza de bienes con la recaudación proveniente de los aranceles, tener que reembolsar esos 90.000 millones de dólares también sería irónico. Para otro debate posterior queda el hecho de cómo definir a esas empresas que en su día apoyaron a Trump y sus promesas electorales -aranceles incluidos- y ahora denuncian que el mandatario cumpla lo que prometió. ¿Ironía o cinismo?
