No puedo evitarlo. Cada vez que alguna institución, patronal o Administración Pública retoma el debate sobre la vuelta de los peajes a las carreteras españolas, vuelve a mi memoria la Nochevieja de 2019. Poco antes de la una del mediodía, con el cielo cubierto y bastante frío, el entonces Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, decidió escenificar en Sagunto, en plena AP-7, la decisión del Gobierno de eliminar los peajes en algunas de las autopistas más importantes del país. Tres meses después estalló la pandemia sanitaria y lo urgente hizo que aparcáramos lo importante. La Unión Europea movilizó una cantidad ingente de recursos públicos para que esa pandemia no se llevara por delante a la economía del continente y, a cambio, puso sus condiciones. Una de ellas, en el caso español, fue la de “sugerir” retomar el pago por uso de ciertas infraestructuras terrestres, algo que el Gobierno ha conseguido esquivar, por el momento.
Hace unos días, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) volvió a desempolvar el debate. Según la patronal, la red viaria nacional arrastra un déficit de inversión de 11.494 millones de euros, y propone un modelo de tarificación de 0,03 euros por kilómetro para vehículos ligeros y de 0,14 euros por kilómetros para vehículos pesados. De aplicar estas tarifas, en 25 años se generarían unos ingresos de 143.024 millones de euros, con un ahorro de gasto público de 41.038 millones y un retorno fiscal de 35.314 millones de euros.
Aunque a SEOPAN le parezca fantástica esta propuesta, está abocada al fracaso. La patronal echa mano sin prácticamente ruborizarse del manido, manoseado e incluso diría que insultante argumento de que el dinero destinado al mantenimiento y construcción de nuevas carreteras podría dedicarse a sanidad, educación o pensiones. ¿Acaso puede demostrar SEOPAN que existe una relación directa entre mejorar una autovía y que los ciudadanos hayan vistos mermados estos derechos? Obviamente, no. ¿Acaso puede garantizar SEOPAN que no sería necesario a recurrir, a pesar de esa tarificación, a fondos públicos para hacer frente a las necesidades presupuestarias de la red viaria española? Obviamente, no.