Mientras desde las alturas algunos se entretienen intentando averiguar el sexo de los ángeles, en el lado terrenal las aguas siguen el curso natural de los acontecimientos.
La realidad es tozuda y en más de una ocasión hemos instado a quienes nos regulan a tratar de pulsar un poco más la realidad antes de ponerse a darle a la tecla de las leyes, decretos y derivados.
Tratar de explicar por qué ha caído el tráfico de graneles en un puerto determinado apelando exclusivamente a la coyuntura económica internacional o a la sequía de turno dejando a un lado las circunstancias locales, los movimientos empresariales e industriales, las relaciones comerciales o la acción de la competencia, es absolutamente ridículo.
Por eso, es lógico recelar de quienes pretenden regular desde atalayas alejadas cientos de kilómetros (reales o virtuales) de la realidad que se vive en la calle.
Los mecanismos establecidos relativos a comunicación, control, fiscalización, etc., deben garantizar que la información fluye con rapidez y sin obstáculos para evitar que, precisamente, se produzca un alejamiento de la realidad.
Lo cierto es que esos mecanismos no siempre funcionan según lo previsto debido a que los engranajes se ven obstaculizados por elementos externos e interesados tales como los políticos, la terquedad de los muy teóricos o la miopía de los que no pueden ver bien de lejos.
Por citar un ejemplo, no hay dos autoridades portuarias en España que puedan gestionarse de manera idéntica. Los tráficos locales, el área de influencia, la sociopolítica local y nacional, la industria de la zona, la conectividad terrestre y marítima de los puertos, las infraestructuras productivas complementarias, la competencia, las decisiones de las navieras, las acciones comerciales de las transitarias o la eficiencia de los servicios, entre otras muchas cuestiones, son las que van a decir cuál es el método más efectivo para dirigir el rumbo de una organización de ese tipo en cada región particular, en cada plaza.