MADRID. Desde APPUNLE han recordado que el suministro de energía eléctrica a un centro logístico, tanto existente como futuro, es esencial para el correcto funcionamiento de las cadenas de suministro, que permiten el abastecimiento de bienes básicos como alimentos, ropa o productos de primera necesidad.
Por ello, cualquier restricción o retraso en el acceso a la red eléctrica supondría un “grave riesgo” para la continuidad de las cadenas logísticas y el mantenimiento de la actividad económica.
La asociación ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto sobre los planes de inversión en redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Según datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), el 83,4 % de la red ya está saturada, tal como reflejan los nuevos mapas de capacidad publicados por los gestores de red en cumplimiento de la Circular 1/2024 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esta saturación impide conectar nueva demanda eléctrica y ha provocado retrasos y negativas en el suministro necesario para el desarrollo de proyectos inmologísticos. Como consecuencia, se han producido paralizaciones, aplazamientos e incluso cancelaciones de iniciativas empresariales.
“Somos conscientes de que, ante este desafío, somos un actor pequeño, pero representamos a un sector estratégico, porque la logística es lo que nos permite alimentarnos, vestirnos y trabajar”, han apuntado desde APPUNLE.
En sus alegaciones, la asociación ha señalado que el texto del proyecto podría “poner en peligro la seguridad del suministro eléctrico”, al no prever niveles de inversión suficientes para que tanto los demandantes como los generadores de energía puedan conectar sus proyectos.
Además, han subrayado que, a pesar de que el aumento del 62 % del límite de inversiones supone un avance, este incremento “sigue quedándose corto” en comparación con las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla inversiones de otros países europeos o las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía.
APPUNLE ha advertido que una insuficiente inversión en redes podría vulnerar el derecho de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución reconocido en el artículo 7.1 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), así como el principio de libertad de empresa protegido por el artículo 38 de la Constitución Española.
En este sentido, la asociación ha subrayado que los límites máximos de inversión anual en redes de transporte y distribución propuestos en el Proyecto, 0,065% y 0,13% del PIB, podrían ser “insuficientes” para cumplir con los objetivos del sector eléctrico español.
Por otro lado, se ha considerado necesario que el futuro Real Decreto incluya medidas para agilizar los trámites administrativos vinculados a la autorización de nuevas instalaciones eléctricas.
En las alegaciones al artículo 8 del texto, se ha propuesto la fijación de plazos máximos vinculantes para cada fase del procedimiento y la introducción del silencio administrativo positivo en caso de falta de resolución expresa.
Concretamente, se ha solicitado que las comunidades autónomas dispongan de un máximo de treinta días para emitir sus informes, que la CNMC tenga el mismo plazo para pronunciarse y que la Secretaría de Estado de Energía resuelva en un máximo de dos meses.
“Esta medida reduciría la incertidumbre temporal, aumentaría la previsibilidad para los inversores y facilitaría el desarrollo de proyectos estratégicos en un contexto de transición energética”, han afirmado.