VALENCIA. Tras el anuncio de la venta de activos de Armas Trasmediterránea a Baleària y DFDS, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció una investigación de dicho proceso para analizar si comprometía la competencia en algunas rutas marítimas. En ese sentido, la CNMC decidió el pasado mes de enero iniciar una segunda fase de análisis de esa venta, un análisis sobre el que todavía no ha habido un pronunciamiento, algo que preocupa a CCOO.
A mitad del pasado año, Armas Trasmediterránea anunció un acuerdo con Baleària y DFDS para la venta de sus activos. Tras un primer análisis, la CNMC decidió iniciar una segunda fase alegando que existían “riesgos para la competencia”.
Recientemente, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, pidió a la Comisión que resolviera el expediente cuanto antes, ya que los activos de Armas Trasmediterránea perdían valor con el tiempo y se ponía en duda que una vez hubiera un pronunciamiento favorable de la CNMC, la naviera tuviera el mismo valor de compra, esto es, 215 millones de euros. En esa comparecencia ante los medios de comunicación, el propio Utor se refirió también a esos 1.500 trabajadores, que pasarían a engrosar la plantilla de Baleària, al igual que los 15 ferries incluidos en ese proceso de compra.
El análisis realizado por CCOO va en una dirección similar a la expuesta por el presidente de Baleària. La organización sindical respalda “la viabilidad de la operación en tanto en cuanto el mercado de transporte marítimo español es un mercado regulado”, y recuerda que buena parte de las líneas afectadas tienen la consideración de “interés público”.
Para el sindicato la competencia está garantizada, y subraya que “la situación actual es muy grave, debido al deterioro de activos de Armas Trasmediterránea -falta de inversión en buques, cancelación de rutas por falta de mantenimiento-, y a la transformación necesaria de las flotas actuales en flotas con mayor eficiencia energética”.
Con todo, desde CCOO advierten que Armas Trasmediterránea “en estos momentos no puede asegurar un futuro cierto a sus propios trabajadores por sus propios medios”. Por ello, desde CCOO consideran que “no tomar una decisión lo antes posible podría contribuir al deterioro o la desaparición de estos servicios”, cosa que “tendría consecuencias sociales muy graves, tanto para los usuarios como para las personas trabajadoras y para el tejido económico vinculado a la actividad portuaria y marítima”.