El Juzgado de lo Social de Bilbao ha estimado la demanda presentada por la representación sindical de Amarradores ?uerto de Bilbao y ha dejado sin efecto la modificación de condiciones laborales impulsada por la empresa P&O Reyser.
BILBAO. El conflicto laboral que desde hace meses afecta a la plantilla de Amarradores del Puerto de Bilbao ha registrado un nuevo avance tras la sentencia del Juzgado de lo Social que anula la modificación sustancial de condiciones de trabajo planteada por P&O Reyser, empresa responsable de la gestión del servicio de amarre en el puerto vizcaíno.
La resolución judicial responde a la demanda presentada por la representación sindical de los trabajadores contra los cambios organizativos propuestos por la compañía. Según ha informado el sindicato LAB, la sentencia concluye que las medidas adoptadas no cuentan con la justificación necesaria para alterar las condiciones laborales vigentes.
“La sentencia deja sin efecto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo planteada por la empresa”, señala el sindicato LAB
El conflicto se originó cuando la empresa planteó una reorganización del servicio que incluía modificaciones en el sistema de turnos y en la distribución de la jornada. P&O Reyser defendió entonces la necesidad de adaptar la organización del trabajo para garantizar la sostenibilidad operativa y económica del servicio.
Condiciones laborales previas
Por su parte, los representantes de los trabajadores consideraron que dichas medidas suponían un perjuicio para la plantilla y optaron por impugnarlas por la vía judicial. El conflicto derivó además en movilizaciones y jornadas de paro parcial desarrolladas durante los últimos meses. La sentencia obliga ahora a mantener las condiciones laborales previas en un servicio esencial para la operativa diaria del Puerto de Bilbao.
LAB vincula el conflicto a las condiciones del sector
El sindicato LAB enmarca la resolución judicial dentro de un debate más amplio sobre las condiciones laborales en el sector del amarre portuario. La organización sostiene que el conflicto de Bilbao trasciende el ámbito local y afecta a un colectivo integrado por alrededor de 670 trabajadores en el conjunto del Estado.
Para LAB, la sentencia respalda la posición defendida por la plantilla durante los últimos meses de que el intento de modificar las condiciones laborales respondía a una estrategia orientada a reducir costes laborales en el sector. “La patronal pretendía imponer recortes a la plantilla”, señala LAB, que destaca también el seguimiento de las movilizaciones durante el conflicto y agradece el apoyo recibido por parte de los trabajadores. En este sentido, asegura que la resolución judicial “refuerza la defensa colectiva de las condiciones laborales” en una actividad que considera estratégica para la operativa portuaria. LAB subraya además que la controversia ha despertado interés entre trabajadores de otros puertos por las posibles implicaciones que pudiera tener para futuros procesos de reorganización laboral dentro del sector del amarre.
