Valenciaport ha impulsado en los últimos años iniciativas de buen gobierno corporativo, intensificando sus actuaciones encaminadas a mejorar sus procesos de control interno, el modelo de cumplimiento normativo, la gestión de riesgos empresariales y la actualización de medidas vinculadas a la Responsabilidad Social Corporativa.
VALENCIA. Con el objetivo de profundizar en esta estrategia, la Autoridad Portuaria de Valencia quiere potenciar su sistema de integridad corporativa. Para ello, ha licitado una auditoría que le permita reforzar este sistema y profundizar en sus acciones de buen gobierno.
El servicio que saca a concurso Valenciaport tiene por objeto la evaluación del marco de control antifraude existente, la revisión de procedimientos de contratación pública, la evaluación de la eficacia de los controles implantados, y el diseño de un sistema de gestión de la integridad en la contratación pública y su extrapolación a procesos clave de la APV.
La Autoridad Portuaria de Valencia quiere realizar una auditoría técnica e independiente y experta en contratación e integridad, sobre el diseño, implantación y eficacia de los controles de prevención de prácticas fraudulentas, incluyendo un análisis retrospectivo de procedimientos de contratación y expedientes tramitados para evaluar el diseño e implementación de controles existentes y esperados.
Desde que en 2016 se nombrara una Jefatura de Auditoría Interna, la Autoridad Portuaria de Valencia ha articulado una serie de proyectos y herramientas encaminadas a potenciar sus sistemas de integridad corporativa y bien gobierno.
Durante los años 2022 y 2023 se ejecutó el Sistema Integrado de Control Interno (SICI), cuyo objeto fue la mejora, implantación y coordinación de todos los elementos que componen dicho SICI y que contemplaba el desarrollo e implantación de una herramienta de GRC (gobierno, riesgo y cumplimiento), actualmente en uso. Adicionalmente, se diseñó el sistema de gestión de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para la APV.
EN DETALLE
La Autoridad Portuaria está sujeta a obligaciones legales y normativas en materia de prevención del fraude y la corrupción, destacando las obligaciones legales derivadas de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la Ley de Contratación de Servicio Público entre otras muchas normativas. Adicionalmente a este marco normativo, la APV está adherida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que establecen metas relativas a la reducción de la corrupción y el soborno, la creación de instituciones eficaces y transparentes o la garantía de acceso público a la información. Por último, el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General en España, de 2022, incluye como una de sus líneas estratégicas la “Cultura ética corporativa”, que busca reforzar la integridad, la transparencia y la responsabilidad en la gestión portuaria.
Plan de Medidas Antifraude
Por otro lado, en diciembre de 2021 el Consejo de Administración de la APV aprobó el Plan de Medidas Antifraude en el ámbito de los contratos financiados con fondos MRR, la Política y Marco de Responsabilidad Social e Integridad Corporativa (PRSIC) y el primer Código de Conducta de la APV.
Derivado de todos estos requisitos, Valenciaport desarrolló en el ámbito de la contratación pública y en materia de control interno, cumplimiento y lucha contra el fraude una serie de herramientas y procedimientos para asegurar la buena gestión de los fondos MRR y eliminar riesgos de fraude en los procesos de contratación pública.
Finalmente, el Plan Estratégico Valenciaport 2035 incluye como valor propio, entre otros, el de “Responsabilidad ética de transparencia, honestidad e integridad”, incluyendo como proyecto estratégico el de la promoción del bienestar del equipo humano y la integridad corporativa en la APV, con especial atención a la transparencia, las medidas de lucha contra el fraude, códigos de conducta e implantación del modelo de control y funciones en materia de buen gobierno.
